El juzgado da la razón al Ayuntamiento en el proceso seguido para nombrar a los alcaldes pedáneos

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Elche da la razón al Ayuntamiento ilicitano en el proceso seguido para nombrar a los alcaldes pedáneos y desestima el recurso interpuesto por la Delegación del Gobierno en Alicante al entender que “una consulta de participación democrática realizada por el alcalde para conocer el sentir de los habitantes que han de estar representados por los alcaldes pedáneos no se puede plantear como una carencia de competencias o extralimitación de ésta, según se desprende de la normativa de aplicación, pues es a esa autoridad a quien corresponde nombrar y remover a discrección a los alcaldes pedáneos”, argumenta la sentencia.

El fallo judicial condena al pago de las costas a la parte demandante y contra el mismo se puede interponer recurso de apelación, aunque, tal como señaló Mireia Mollà, “la Subdelegación del Gobierno no debería gastar recursos de todos porque este proceso es una vendetta del PP, que no quiere que los vecinos y vecinas puedan elegir de forma libre a sus pedáneos. Si quieren recurrir, que lo hagan como partido”.

La portavoz del Gobierno municipal recordó que el pasado cinco de noviembre la Subdelegación del Gobierno solicitó anular el decreto de 15 de septiembre de 2015 por el que se convocaron elecciones a pedáneos y que se celebraron el 7 de noviembre del mismo año. “La Subdelegación alegaba que la convocatoria no se ajustaba a derecho y que infringía preceptos legales”, señaló Patricia Maciá.

Todo legal

“El Ayuntamiento continuó con el proceso participativo porque consideramos en todo momento que cumplíamos con la ley. Solicitamos un informe a Secretaría y actuamos ajustándonos a la legalidad. La sentencia dice que es el alcalde quien tiene plena competencia para nombrar directamente a los pedáneos, así como removerlos a su libre criterio, decretando su cese de forma automática y, en todo caso, cuando expire al mandado del alcalde que los nombró, a falta de una normativa expresa. Queda más que claro que este ayuntamiento actuó conforme a la legalidad”, expresó la portavoz.

Por su parte, Mireia Mollá indicó que “fue un compromiso de este Gobierno, fundamentalmente con las pedanías, el poder realizar una consulta democrática por primera vez en la historia para conocer la voluntad de los habitantes de las pedanías a la hora de elegir a su alcalde o alcaldesa pedánea. Ese compromiso se llevó a cabo con todas las garantías y apoyo legal, que es lo que resuelve la juez”.

 

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